QUIEN DIRIGE REALMENTE A LA POLICÍA LOCAL EN LOS MUNICIPIOS DE MENOR POBLACIÓN

¿QUIÉN DIRIGE REALMENTE LA POLICÍA LOCAL EN LOS MUNICIPIOS DE MENOR POBLACIÓN?

La relación entre la autoridad política y la jefatura policial plantea una cuestión que afecta directamente a la organización del servicio, la responsabilidad de los mandos y la aplicación de criterios profesionales en las decisiones municipales.

La dirección de una Policía Local exige adoptar decisiones que afectan a la organización de los servicios, la distribución de efectivos, la planificación de dispositivos y la respuesta ante las necesidades de seguridad del municipio. Son responsabilidades que requieren conocimientos profesionales, experiencia y capacidad de gestión, pero que se desarrollan dentro de una estructura administrativa en la que la autoridad política tiene atribuciones legalmente reconocidas. Esta relación, que debería permitir una dirección coordinada del servicio, puede presentar dificultades cuando no existe una delimitación suficientemente clara entre las decisiones de gobierno y las funciones propias de la jefatura policial.

En los municipios de menor población esta cuestión adquiere una dimensión particular. La relación entre alcaldía, concejalía responsable y jefatura suele ser directa, con una estructura administrativa menos amplia y una comunicación prácticamente diaria. Esta cercanía facilita la resolución de problemas y permite conocer de primera mano las necesidades municipales, aunque también puede favorecer que determinadas decisiones operativas se adopten sin una valoración técnica suficiente o que la planificación policial quede condicionada por circunstancias ajenas a las necesidades reales del servicio.

La normativa establece un marco que conviene tener presente. En la Comunidad de Madrid, el artículo 35 de la Ley 1/2018, de Coordinación de Policías Locales, dispone que el cuerpo estará bajo el mando de la persona titular de la alcaldía o de quien corresponda por delegación, mientras que atribuye a la jefatura la dirección, coordinación y supervisión de las operaciones policiales, así como la administración necesaria para asegurar su eficacia. Esta distribución de responsabilidades permite distinguir la autoridad superior municipal de las funciones de dirección profesional que corresponden a la jefatura, aunque ambas deben ejercerse dentro de una misma organización y con respeto a la jerarquía establecida.

El problema aparece cuando esa distribución deja de funcionar adecuadamente. Una cosa es que el responsable político establezca prioridades generales de seguridad, determine objetivos o solicite la organización de determinados servicios y otra diferente es que las decisiones sobre efectivos, distribución de patrullas, procedimientos operativos o ejecución de intervenciones se adopten prescindiendo sistemáticamente del criterio de quienes tienen encomendada la dirección profesional del cuerpo.

Pensemos en la modificación de un servicio previamente planificado para atender una actividad municipal, en la asignación de una patrulla a una función concreta o en la alteración de determinadas prioridades operativas. Son decisiones que pueden responder a necesidades perfectamente legítimas, pero cuya ejecución exige valorar la disponibilidad de personal, los riesgos existentes, la cobertura del municipio y las consecuencias que pueden producirse sobre otros servicios. Cuando esa valoración se omite, la responsabilidad de resolver las dificultades derivadas de la decisión suele terminar recayendo sobre la jefatura policial.

Aquí surge una de las principales contradicciones organizativas: exigir al mando que responda por el funcionamiento del servicio mientras se reduce su capacidad efectiva para intervenir en las decisiones técnicas que lo condicionan. La responsabilidad profesional debe ir acompañada de unas atribuciones reales de dirección, dentro de los límites establecidos legalmente, porque difícilmente puede exigirse una gestión eficaz cuando las decisiones operativas se modifican continuamente sin atender a los informes o propuestas de quien debe ejecutarlas.

Sin embargo, tampoco sería acertado atribuir todas las dificultades a la intervención política. Las jefaturas policiales tienen la obligación de asesorar, informar y justificar técnicamente sus propuestas, y esa responsabilidad exige algo más que manifestar una discrepancia con una decisión municipal. Un jefe de Policía Local debe ser capaz de explicar qué recursos necesita, qué consecuencias puede tener una determinada instrucción y qué alternativas existen para alcanzar los objetivos establecidos. La experiencia profesional resulta importante, pero debe traducirse en propuestas fundamentadas que permitan a los responsables municipales adoptar decisiones con conocimiento de sus efectos.

En municipios de menor población, donde una modificación de servicio puede afectar a una parte considerable de los efectivos disponibles, esta labor de asesoramiento adquiere especial relevancia. La planificación no puede depender exclusivamente de necesidades puntuales ni de decisiones improvisadas, porque la seguridad pública requiere continuidad, previsión y capacidad de respuesta. Del mismo modo, la jefatura debe comprender que la administración municipal tiene otras responsabilidades y que las prioridades del gobierno local forman parte de la dirección legítima de los servicios públicos, siempre dentro del marco legal.

Existe además una circunstancia que merece atención: la relación personal que puede desarrollarse entre los responsables políticos y los mandos policiales. La confianza facilita el trabajo diario, pero no debería sustituir los procedimientos administrativos ni convertir las decisiones profesionales en acuerdos informales. Cuando una cuestión afecta a la organización del servicio, especialmente si existen discrepancias sobre su viabilidad, resulta conveniente que las propuestas, instrucciones y valoraciones técnicas queden suficientemente documentadas. Esta práctica aporta seguridad a quienes deben decidir y ejecutar, además de permitir conocer los criterios utilizados cuando posteriormente sea necesario evaluar una actuación.

También debe examinarse la posición que ocupa la jefatura dentro de la propia organización municipal. En ocasiones se exige al mando policial que asuma responsabilidades de dirección, gestione conflictos internos, garantice servicios y responda ante incidencias, pero su participación en la planificación general del ayuntamiento queda limitada a ejecutar decisiones previamente adoptadas. Esta forma de funcionamiento desaprovecha el conocimiento profesional de quienes conocen las necesidades operativas del municipio y dificulta anticiparse a problemas que podrían haberse previsto con una coordinación adecuada.

La dirección política y la dirección profesional no tienen por qué entrar en conflicto. De hecho, una organización policial eficaz necesita que ambas funcionen correctamente. La autoridad municipal debe poder establecer objetivos, supervisar el funcionamiento del servicio y exigir responsabilidades, mientras que la jefatura debe disponer del margen técnico que le reconoce el ordenamiento jurídico para organizar y dirigir las operaciones policiales. Cuando existen discrepancias, estas deben resolverse mediante los cauces correspondientes, sin confundir el deber de obediencia con la renuncia al criterio profesional ni presentar cualquier intervención política como una intromisión indebida. Quizá uno de los aspectos que más convendría revisar en determinados municipios sea la forma en que se entiende el papel del jefe de Policía Local, si se le considera únicamente un responsable de transmitir instrucciones, organizar cuadrantes y resolver incidencias, se está reduciendo considerablemente el alcance de una función que comprende la dirección operativa, la planificación y el asesoramiento profesional, pero si la propia jefatura renuncia a ejercer esas responsabilidades, evita formular propuestas o no fundamenta sus decisiones, también contribuye a debilitar su posición dentro de la estructura municipal.

La profesionalización de las Policías Locales de municipios de menor población exige prestar atención a esta relación institucional. Una jefatura debe asumir las responsabilidades que le corresponden y responder por sus decisiones, pero también necesita que sus criterios técnicos sean considerados antes de adoptar medidas que afecten al funcionamiento del cuerpo. Del mismo modo, los responsables políticos deben ejercer sus competencias con pleno conocimiento de las consecuencias operativas de sus decisiones.

El verdadero problema aparece cuando se exige responsabilidad profesional a quien dirige la Policía Local, pero se prescinde de su criterio al decidir cómo debe prestarse el servicio, esa contradicción merece ser examinada porque afecta a la calidad de la organización policial y, finalmente, a la seguridad que recibe el ciudadano.