¿Se puede sancionar la vida privada de un policía?

La profesión de policía es muy diferente de las demás. El hecho de ser agente de la Autoridad, de tener la capacidad de detención e incluso de portar y poder usar armas letales, implica una gran visibilidad pública y una alta responsabilidad. Esto exige un control disciplinario…. pero ¿hasta qué punto?

El policía tiene derecho a una vida privada

Los agentes no estamos sometidos a un control disciplinario permanente. Ahora bien, debido a la visibilidad antes mencionada, nuestro comportamiento fuera de servicio puede tener implicaciones muy negativas en la imagen de la institución policial de la que somos parte.

Por otro lado, es evidente que la condición de policía no se pierde cada día cuando dejamos el uniforme en la taquilla. El Estado, en su concepto más amplio, ha delegado en nosotros funciones de persecución del delito que exigen cierta ejemplaridad. La confianza ciudadana en su policía se ve seriamente dañada cuando somos precisamente los encargados de perseguir la infracción quienes infringimos la norma.

¿Dos sanciones por el mismo hecho?

En Derecho existe el principio non bis in idem según el cual nadie puede ser sancionado dos veces por los mismos hechos. Pues bien, existe una excepción a dicho principio, que ha sido avalada por el Tribunal Supremo:

“La irreprochabilidad penal de los funcionarios de la policía gubernativa es un interés legítimo de la Administración, y al sancionarse disciplinariamente a los que hayan sido objeto de condena penal no se infringe el principio "non bis in ídem"

En definitiva, se puede sancionar dos veces a un policía por los mismos hechos…. cuando la condena penal y la sanción disciplinaria tengan distinto fundamento. Y esto sucede porque la condena penal castiga los comportamientos más graves (contra la vida, contra la libertad, contra la propiedad…), mientras que la sanción disciplinaria persigue defender la buena imagen del Cuerpo ya que somos parte de una institución.

Unos ejemplos prácticos

Conducir bajo los efectos del alcohol, delitos de lesiones, hurtos, etc. si son cometidos por agentes de algún cuerpo policial español implicarían la apertura de expediente disciplinario. Ahora bien, este quedaría paralizado a la espera de la sentencia firme; sólo se podría resolver cuando se hubiera dictado resolución judicial, y tal resolución iría acorde a dicha sentencia.

Y para resolver estos expedientes se necesita un análisis individualizado. No bastan respuestas automáticas: ¿al cometer el hecho se supo que era policía? ¿usó el arma reglamentaria? ¿qué sanción judicial se le impuso: la más alta o la más baja del rango? etc.

A modo de resumen

La cuestión no consiste en determinar si un policía tiene derecho a una vida privada, porque evidentemente lo tiene. La verdadera cuestión es comprender que determinadas responsabilidades profesionales no desaparecen por completo cuando finaliza el turno de servicio.

Precisamente por esa complejidad, las cuestiones relacionadas con la ética profesional y el régimen disciplinario siguen generando numerosas dudas en las organizaciones policiales. En futuros artículos seguiremos abordando algunos de estos escenarios, donde raramente existen respuestas simples y donde las garantías jurídicas resultan tan importantes como la propia disciplina.

David Gutiérrez Sánchez
Subinspector de Policía Municipal de Madrid
Unidad de Asuntos Internos