Análisis de la posibilidad de movilización peninsular de Policías Locales para la crisis de Ceuta.

Dos episodios en apenas veintidós meses han obligado a la Policía Local española a preguntarse algo que rara vez sale de los manuales de oposición: ¿hasta dónde puede llegar un agente cuando su ayuntamiento decide prestarlo a otro? El jefe de la Policía Local de València, José Vicente Herrera, puso en valor la enorme ola de solidaridad que se vivió durante y después de la Dana. Durante su intervención en la comisión municipal para la recuperación de las zonas afectadas, explicó que más de 14.400 agentes de 50 cuerpos de policía local de toda España prestaron su ayuda en Valencia. En agosto de 2026, la declaración de una situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta reabrió la misma pregunta, esta vez sin una respuesta tan clara. Ambos casos remiten al mismo precepto de la Ley Orgánica del año 1986, pero no admiten la misma solución.

El artículo que todo Policía Local debería tener presente para este caso.

La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS), fija en su artículo 51.3 la regla que define la profesión: los cuerpos de Policía Local «sólo podrán actuar en el ámbito territorial del municipio respectivo, salvo en situaciones de emergencia y previo requerimiento de las autoridades competentes». Es una frase que se repite en las academias y se relativiza en la práctica, hasta que un caso de gran escala obliga a leerla con lupa.

La excepción de emergencia existe, pero es exactamente eso: una excepción para lo inmediato y delimitado en el tiempo, no una puerta abierta para organizar un contingente que releve turnos durante meses. Distinguir la respuesta puntual del despliegue sostenido es, como se verá, la clave para entender por qué un mismo artículo sirvió en un caso y no basta en el otro.

El precedente de la DANA de 2024.

Tres días después de las inundaciones del 29 de octubre de 2024, un ayuntamiento peninsular desplazó a las zonas devastadas más de ochocientos efectivos de sus servicios de seguridad y emergencias. En las semanas siguientes, en relevos semanales, se turnaron más de quinientos cincuenta agentes de Policía Local, un centenar largo de bomberos y un centenar y medio de sanitarios, puestos «a disposición de las autoridades locales» de los municipios afectados, coordinados sobre el terreno con las policías locales de destino y con el resto de cuerpos de emergencia.

El encaje jurídico de aquel despliegue es más sencillo de lo que parece: se trató de agentes voluntarios, con relevos de una semana, respondiendo a una catástrofe puntual y de gravedad manifiesta, con conocimiento y coordinación de las autoridades del territorio afectado. Es, en esencia, el supuesto que el artículo 51.3 LOFCS contempla: emergencia y requerimiento, aunque este último se articulara de forma ágil, por la vía de los hechos, entre corporaciones y a través del centro de coordinación operativa integrado (CECOPI), antes que mediante un convenio previo.

Conviene una precisión que no siempre se hace: pese a lo que reclamaron algunos grupos políticos, el Gobierno no llegó a declarar formalmente la «emergencia de interés nacional» de nivel 3 que prevén los artículos 28 y 29 de la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil. El profesor José Julián Isturitz, de la Facultad de Criminología de la Universidad Isabel I, ha explicado en su análisis de aquel episodio que esa declaración —reservada al titular del Ministerio del Interior— habría supuesto asumir la dirección estatal de todos los recursos autonómicos y locales del territorio afectado, y que su ausencia mantuvo la gestión en el nivel autonómico, con la colaboración interadministrativa voluntaria como cauce de refuerzo. El debate sobre si debió declararse sigue abierto y no corresponde resolverlo aquí; lo relevante a efectos policiales es que el refuerzo funcionó sin ella, apoyado en el artículo 51.3 LOFCS y en el deber general de colaboración entre Administraciones.

Lo que se ha activado en la crisis de Ceuta.

La comparación con Ceuta es pertinente precisamente porque parte de un marco distinto. Tras la entrada irregular y masiva de personas migrantes los días 30 y 31 de julio de 2026, el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, declaró la situación de interés para la Seguridad Nacional en la ciudad; el Real Decreto 705/2026, de 26 de agosto, aprobó —al amparo del artículo 29 de la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional— la Declaración de Recursos a emplear; el Real Decreto 706/2026, de 1 de septiembre, amplió los espacios de acogida; y el Real Decreto-ley 22/2026, también de 1 de septiembre, destinó 309 millones de euros —más 50 en avales— a seguridad, acogida humanitaria y apoyo económico, con una partida específica de gratificaciones para Policía Nacional y Guardia Civil.

Ninguno de esos cuatro textos menciona a la Policía Local de municipios peninsulares. Los recursos declarados son los del Estado y los de la propia Ciudad de Ceuta, incluida su Policía Local, que sigue con su plantilla ordinaria —en torno a 300 agentes para 80.000 habitantes— sin el refuerzo equivalente que sus representantes sindicales vienen reclamando. A diferencia de la DANA, aquí no hay una catástrofe de un día seguida de semanas de recuperación, sino una situación estructural y de duración incierta: exactamente el escenario que el artículo 51.3 LOFCS no está diseñado para cubrir.

La mancomunidad de policías locales, y lo que dice el Tribunal Constitucional.

Quien conozca la LOFCS pensará en su disposición adicional quinta, que permite a municipios limítrofes de una misma Comunidad Autónoma mancomunar su servicio de Policía Local cuando los recursos son insuficientes. No sirve para trasladar agentes a Ceuta ni, en general, para cualquier despliegue entre territorios no limítrofes de distinta Comunidad o Ciudad Autónoma: la figura exige justamente esa contigüidad, y su ausencia excluye la vía por definición.

Tampoco cabe usar la coordinación autonómica del artículo 39 LOFCS como puente. El Tribunal Constitucional lo cerró hace más de tres décadas, en dos sentencias dictadas el mismo día. La STC 49/1993, de 11 de febrero (ECLI:ES:TC:1993:49), declaró que la potestad autonómica de coordinación no autoriza a ampliar el ámbito territorial que el artículo 51.3 LOFCS reserva a la emergencia con requerimiento previo. La STC 51/1993, de 11 de febrero (ECLI:ES:TC:1993:51), resolviendo el recurso de inconstitucionalidad 2169/1990. (BOE núm. 60, de 11 de marzo de 1993) contra la ley extremeña de coordinación de policías locales, fue más allá y anuló por inconstitucional el inciso de esa norma autonómica que sustituía la expresión «situaciones de emergencia» por la más laxa «situaciones especiales», por permitir la actuación fuera de término sin el previo requerimiento de la autoridad competente que exige la ley orgánica estatal.

La lección para cualquier propuesta de despliegue sostenido es directa: ni una norma autonómica de coordinación ni, por la misma razón, una lectura extensiva de la situación de interés para la Seguridad Nacional pueden ampliar por su cuenta ese ámbito territorial. Hace falta un título distinto, y de nivel distinto.

Lo que confirma la jurisprudencia penal.

La misma doctrina aparece, con otro enfoque, en la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre policía judicial. La STS 615/2006, de 29 de mayo, validó las diligencias practicadas por agentes de la Policía Municipal de Bilbao en el municipio limítrofe de Baracaldo al apreciar que la actuación se amparaba en la situación de emergencia del artículo 51.3 LOFCS y había sido comunicada a la policía local de aquel municipio. La STS 210/2016, de 15 de marzo (recurso de casación 1437/2015, ponente Sánchez Melgar), reiteró que el ámbito territorial de la Policía Local es el término municipal donde el ayuntamiento ejerce su jurisdicción, que sus agentes actúan como colaboradores de la policía judicial y no como una fuerza de competencia ilimitada, y que un vicio de competencia territorial no convierte automáticamente en nula una prueba, pero tampoco la convalida como regla general.

Ambas sentencias comparten un mismo patrón: los tribunales toleran la actuación puntual fuera de término cuando hay urgencia, proximidad y comunicación a la autoridad local, pero en ningún caso la transforman en una competencia ordinaria. Es la misma distinción, trasladada al terreno penal, que separa el refuerzo de la DANA del que se estudia para Ceuta.

Entonces, ¿por dónde se construye un despliegue sostenido?.

La cooperación interadministrativa general de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (artículos 47 a 53), podría ser un buena formula legal. Un convenio entre la entidad receptora y los ayuntamientos que quieran aportar agentes, aprobado por cada corporación, con un contingente, un plazo y una misión definidos. Ese convenio necesita, para cada agente, un acto individual de movilidad —comisión de servicios, al amparo del artículo 81 del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015)— que mantenga su condición funcionarial de origen mientras dura el servicio.

Es la misma lógica que ya conocen quienes han gestionado refuerzos entre municipios de una misma provincia, solo que aquí falta el atajo de la proximidad territorial: hay que construir desde cero el puente entre dos Administraciones, sin poder apoyarse ni en la mancomunidad ni en la coordinación autonómica.

Un modelo de coordinación, para cuando llegue el momento.

Si algún día ese convenio se firma para un despliegue sostenido, el reto dejará de ser solo jurídico. Será evitar que el agente desplazado quede como un refuerzo sin mando claro. La experiencia de dispositivos conjuntos como el de la DANA apunta a una estructura sencilla: dirección estratégica en manos de la autoridad designada para la crisis; un comité de coordinación diaria presidido por la Jefatura del cuerpo receptor, con representación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de cada contingente aportante; un centro de coordinación operativa único para partes e incidencias; y patrullas mixtas —agente local con agente desplazado— cuando la misión exija conocimiento del territorio. Yo mismo estuve meses con esta fórmula y funcionó. Agradecer a la Policía Local de Valladolid y en especial al compañero Igor que fue mi binomino durante una semana.

Los agentes desplazados conservarían su régimen disciplinario y su vínculo funcionarial de origen; su mando inmediato seguiría siendo el jefe de su contingente, mientras que el cuerpo receptor reservaría para sí la asignación de sectores y la interlocución municipal. Y, salvo asignación expresa, no asumirían funciones ajenas a su formación —control fronterizo, extranjería, investigación penal— que corresponden a otros cuerpos.

El régimen de responsabilidad, dietas, seguros y defensa jurídica de cada agente desplazado no puede depender de la buena voluntad de dos ayuntamientos: debe fijarse en el propio convenio, con partida presupuestaria propia. El precedente de las gratificaciones aprobadas para Policía Nacional y Guardia Civil en el Real Decreto-ley 22/2026 es una referencia útil para el diseño económico.

La pregunta que queda abierta para el caso de Ceuta o para futuras crisis.

El debate técnico tiene, al final, una lectura menos jurídica: la doctrina y la jurisprudencia coinciden en que existe un cauce —el convenio interadministrativo— para que un ayuntamiento preste agentes a otro cuando la emergencia del artículo 51.3 LOFCS se queda corta. Lo que no existe todavía, en episodios como el de Ceuta, es la voluntad política de activarlo. Y esa, a diferencia del artículo 51.3, no está escrita en ningún boletín oficial.

Fuentes citadas

-Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, arts. 39, 51 y disp. ad. 5.ª.

-Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 47-53.

- Real Decreto Legislativo 5/2015, Estatuto Básico del Empleado Público, art. 81.

- Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, arts. 23, 24 y 29.

- Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, arts. 28 y 29.

- Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto; Real Decreto 705/2026, de 26 de agosto;

-Real Decreto 706/2026, de 1 de septiembre; Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre.

-STC 49/1993, de 11 de febrero (ECLI:ES:TC:1993:49). — STC 51/1993, de 11 de febrero (ECLI:ES:TC:1993:51), recurso de inconstitucionalidad 2169/1990. — STS, Sala de lo Penal, 615/2006, de 29 de mayo. — STS, Sala de lo Penal, 210/2016, de 15 de marzo, recurso de casación 1437/2015. —

-J. J. Isturitz, «DANA Valencia», serie Seguridad a tu alcance, Universidad Isabel I.

-https://valenciaplaza.com/valenciaplaza/comarca-y-empresa/casi-14500-policias-locales-otras-ciudades-espana-ayudaron-dana-valencia